¿Los gobiernos autónomos pueden entregar recursos y habilitar una cuenta específica para que sean administrados por los actores de la Participación y Control Social?

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Es necesario considerar que el Artículo 12 de la Ley N° 341, Ley de Participación y Control Social dispone como prohibición expresa que en el ejercicio de la Participación y Control Social, los actores de la misma reciban algún tipo de remuneración, regalo, premio, o acepten ofrecimientos o promesas de las entidades sobre las que ejercen la Participación y Control Social o de terceros. Por otra parte, el Artículo 41 de la Ley N° 341 establece que las Máximas Autoridades de los Órganos del Estado, en todos los niveles y ámbitos territoriales, empresas e instituciones públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas y empresas mixtas, garantizarán que en todos sus planes, programas y proyectos se contemple dentro de su presupuesto anual, los recursos necesarios y suficientes destinados a efectivizar el derecho de la Participación y Control Social. Estos recursos no podrán ser asignados a una persona u organización específica, considerando que, la Participación y Control Social ya no es una institución, entidad u organismo, sino que es un derecho a ser ejercido por cualquier ciudadano ya sea de manera individual u organizada. 


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